• Esta situación genera una pérdida de tiempo, de dinero y de recursos para todo el mundo, lo cual incide en una falta de eficiencia a la vez que agrava aún más si cabe el evidente problema de financiación y de recursos aplicados a la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos.

• Por otro lado, este hecho por sí mismo es una muestra más de la falta de una estrategia integradora que contemple a los dos entornos de provisión y aseguramiento por igual. En este sentido, es absurdo y discriminatorio que las prescripciones de los profesionales del sector privado relacionadas con antivirales frente al SARS CoV2 (COVID-19) precisen ser validadas por un facultativo de la sanidad pública; en este sentido, es importante tener en cuenta que los profesionales sanitarios de ambas titularidades se forman según los mismos programas y exigencias curriculares y, por lo tanto, su compromiso, responsabilidad y criterio en cuanto a oportunidad y necesidades preventivas, diagnósticas y terapéuticas son las mismas en todos los casos. Por otro lado, esta circunstancia podría estar apuntando hacia una discriminación flagrante por razón de elección de un tipo u otro de provisión y aseguramiento sanitarios.

• El incremento de la burocracia injustificada e innecesaria provocada por la redundancia de citaciones primero en la sanidad privada y después en la atención primaria de la sanidad pública para la validación / autorización de una prescripción realizada en la sanidad de titularidad privada no haría sino aumentar la abultada lista de espera y, por lo tanto, la presión asistencial en la denominada puerta de entrada al sistema público de salud, que ya de por sí es en este momento excesiva y preocupante. Además, es necesario tener en cuenta que en el caso de Paxlovid ® hay que administrarlo en un tiempo muy concreto tras el diagnóstico para garantizar su eficacia y si esto no se hace así, por ejemplo, por demoras injustificadas, el perjuicio es sin duda para el paciente.

• La supervisión o validación del medicamento antiviral en los casos de dualidad de aseguramiento y provisión pública (obligatoria) y privada (voluntaria) podría hacerse como en el caso de los funcionarios de la administración central del estado (mutualistas) por parte de la AEMPS (Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios), lo cual dotaría de agilidad al proceso y evitaría la sobrecarga de la atención primaria del SNS.

• El sector sanitario privado atiende hoy a cerca de 10 millones de personas (sin contar a los mutualistas); por ese motivo, es del todo ilógico que los usuarios de la sanidad privada tengan que confirmar su prescripción en la sanidad pública. En este sentido, desde la Fundación IDIS se apuesta por la necesaria integración y complementariedad del sector privado y el Sistema Nacional de Salud, ya que así es como se evitan gastos innecesarios, pérdida de tiempo y de recursos, que por otra parte son imprescindibles para la sostenibilidad de un sistema que camina con serias dificultades.

• Las diferentes olas de la pandemia han ido bloqueando poco a poco la eficiencia del sistema sanitario, mostrando síntomas de agotamiento por cuestiones de interés político que no se han querido abordar y que, además, han contribuido a agravar los efectos de la Covid-19 como son los problemas de accesibilidad al sistema de salud, la falta de equidad entre comunidades autónomas (con 17 sistemas de salud independientes), el abandono del sector sociosanitario o la falta de colaboración con el sector privado, entre otros aspectos.

En definitiva, desde la Fundación IDIS planteamos una estrategia integradora de todos los recursos disponibles con el objetivo de mejorar la atención que recibe el paciente. Asimismo, consideramos que es esencial apostar por una continuidad asistencial sustentada en una interoperabilidad efectiva entre los diferentes ámbitos del sector sanitario y entre los distintos niveles y siempre teniendo en cuenta a todos los agentes implicados.