• Si bien se deroga la Ley 15/1997 sobre nuevas fórmulas de gestión, incorpora su contenido íntegro al artículo 47 de la Ley General de Sanidad del año 1986, lo cual refuerza su conveniencia.
• No obstante, añade la preferencia de gestión sanitaria pública directa para las entidades sanitarias y sociosanitarias del Sistema Nacional de Salud, lo cual, desde la perspectiva de la Fundación IDIS, es un error, dada la falta de flexibilidad y demostrada ineficiencia -según múltiples estudios contrastados- del modelo de gestión directa (administrativa) frente otras fórmulas de gestión pública de la sanidad o a los modelos de gestión privada.
• En este momento, y dada la crisis de recursos a la que se enfrenta nuestro sistema sanitario público después de la pandemia, es imprescindible la implantación de sistemas que sean eficientes, flexibles y transparentes. La gestión pública directa es lo más inadecuado para impulsar el dinamismo y la competitividad que requiere un sector tan complejo como el sanitario. Si, además se propone extenderla al modelo sociosanitario, consideramos la propuesta especialmente grave y fuera de contexto.
• Con respecto al aumento de la universalidad y la supresión de los copagos, nos parecen razonables, siempre que sean asumibles y entendiendo que los mismos no tienen por qué garantizar la equidad. Será necesario proponer herramientas para identificar las desigualdades existentes en el sistema y tomar medidas para corregirlas.
• Nos congratulamos del incremento de participación de agentes del sector en el comité consultivo del Consejo Interterritorial, en especial con la participación de los pacientes pero, no obstante, entendemos que sería importante la incorporación también de los profesionales sanitarios.
• Finalmente, nos gustaría señalar la falta de mención expresa en la Ley al papel y la aportación a los recursos sanitarios privados, tanto a nivel de provisión hospitalaria como de aseguramiento. Si algo ha quedado claro a lo largo de la pandemia es que el sector sanitario privado es imprescindible no solo para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, sino para garantizar el acceso a la misma. De hecho, la mayor aportación que hace el sistema sanitario privado en su relación con el sistema público es la posibilidad de disminuir el uso del mismo, facilitando su utilización a quien no tiene alternativa.
• Es preciso insistir, una vez más, en que el sector sanitario privado dispone de una dotación de 441 hospitales en España y 50.960 camas de hospitalización. Tal y como muestra el Informe “Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2021” el sector privado, que emplea a 278.291 profesionales en nuestro país, llevó a cabo en 2018 el 30,2% (1.6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23,7% (1.3 millones de las altas) y el 24,4% (7.4 millones) de las urgencias de todo el territorio nacional.
• Así pues, insistimos en que es prioritario mencionar de forma expresa la aportación del sector privado y, aprovechando las posibilidades que otorga la digitalización y la interoperabilidad, que se garantice, con la autorización expresa de los pacientes, la continuidad asistencial entre el sistema público y el privado para evitar ineficiencias y duplicidades.

En conclusión, desde la Fundación IDIS entendemos que es imprescindible una reforma legislativa que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos, garantizando el acceso, la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario, contando con todos los recursos públicos y privados disponibles en el mismo. Por ese motivo, valoramos positivamente el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos.