Asimismo, desea destacar los siguientes puntos:

• El informe muestra que el sistema de mutualismo administrativo ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, lo que ayuda a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la población. Una hipotética desaparición del mismo conllevaría un aumento de 266% en las listas de espera en consultas externas y de un 115% en las de espera quirúrgicas -lo que compromete la accesibilidad y la inversión que sería esencial llevar a cabo para dar asistencia a los cerca de 1,73 millones de asegurados mutualistas-, en línea con la hipótesis aportada en el informe“Impacto del cambio de modelo de las mutualidades”realizado por la Fundación IDIS.

• Asimismo, la supresión de este modelo supondría que el sector asegurador dejaría de facturar más de 1.700 millones de euros al año y que los prestadores hospitalarios privados, en su caso, dejarían de ingresar 1.000 millones de euros, lo que equivaldría aproximadamente al 8% de la facturación de los hospitales privados.
• El gasto sanitario público estimado para 2023 es de 1.608 euros, mientras que la prima media de MUFACE es de 1.014 euros, lo que supone una diferencia de 594 euros. Si se aplica el diferencial al conjunto de mutualistas, se calcula que aporta un ahorro anual al Estado superior a los 1.000 euros. Sin embargo, el modelo de mutualismo parte de una insuficiencia económica que se ha ido agudizando en los últimos años (alcanzando así un nivel de siniestralidad del 100,8%), lo que ha condicionado pérdidas directas de millones de euros al modelo. Por ese motivo, una opción para abordar la financiación podría estar basada en recuperar la indexación de la cápita del modelo del mutualismo administrativo a la cápita de la gestión directa, estableciendo un diferencial por debajo para el mutualismo administrativo, pero que este no sea tanto que el modelo se convierta en inviable, como ocurre en la situación actual. Una fórmula similar existió en la época del PSOE, en el Ministerio de Julián García Vargas, que indexó la financiación del modelo al 90% de la cápita del sector público.
• Asimismo, se hace necesario replantear la gobernanza del modelo, ya que actualmente depende de tres ministerios (Administraciones Públicas, Defensa y Justicia) y existe una desvinculación del Ministerio de Sanidad, que debería ser quien procure el contrato de las mutualidades con las aseguradoras.
• Sería conveniente que las aseguradoras vinculadas a los contratos del modelo tengan capacidad real de negociación, superando lo que en la práctica ha venido siendo un contrato de adhesión.
• Actualmente el sistema MUFACE está reservado para funcionarios del Estado y los que están transferidos a las comunidades autónomas, lo que implica que los funcionarios y sus beneficiarios tienen una alta media de edad. En este sentido, desde la Fundación IDIS se aboga por un rejuvenecimiento de los usuarios del modelo incorporando nuevos colectivos, lo que ayudaría a que las primas fueran suficientes y aseguraran la viabilidad del modelo.

Así pues, la Fundación IDIS considera fundamental que exista un acuerdo político entre los dos grandes partidos de este país sobre la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, siendo además imprescindible dotarlo de recursos adecuados y suficientes, dentro de un sistema sanitario integrado, en beneficio de su propia sostenibilidad y del sistema sanitario de forma global.