Madrid, 11 de octubre de 2018.- Ante estos planteamientos, la Fundación IDIS, que representa al sector sanitario de titularidad privada, asegurador y provisor de servicios, incluidos grupos asistenciales que gestionan instituciones sanitarias de la red sanitaria pública, quiere poner de manifiesto que:

1. Hablar de corrientes privatizadoras y ataques al sistema público de salud es algo completamente alejado de la realidad y muestra un grave desconocimiento de la situación existente. La financiación pública, la universalidad y la gratuidad de acceso al sistema nunca han sido puestas en cuestión.
2. Todos los hospitales y servicios de la red sanitaria pública que son gestionados por compañías privadas de salud mantienen su titularidad pública, siguen las directrices legales establecidas por las autoridades competentes y la atención a pacientes y ciudadanos se produce en las mismas condiciones que en los centros que son gestionados directamente por las administraciones públicas. Por lo tanto, no existe privatización de centros o servicios, como se dice, y tan sólo hay gestión privada de los mismos, acordada y a petición de las autoridades sanitarias de las diferentes CC. AA. y de diferentes signos políticos.
3. La contribución de la sanidad de titularidad privada a la sostenibilidad del sistema público de salud es innegable e incuestionable; sanidad privada y sanidad pública son perfectamente complementarias y están abocadas a establecer todas las sinergias posibles, una vez que los centros sanitarios privados atienden a cerca de 11 millones de personas en nuestro país (casi una cuarta parte de la población). Si el sistema público de salud tuviera que asumir la carga asistencial y financiera completa de 11 millones de personas más (al que tienen pleno derecho de acceso al financiarlo con sus impuestos) y cerrase los convenios de cooperación actuales, el sistema público colapsaría, tal y como han expuesto expertos y profesionales recientemente. El sistema público de salud no tiene recursos suficientes para hacer frente a este inmenso reto que se produciría.
4. La gestión privada de centros y servicios sanitarios públicos ha alcanzado unos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad incuestionables; de hecho, los indicadores de eficiencia, accesibilidad, resolución asistencial y calidad y seguridad en los centros sanitarios privados alcanzan y superan los estándares nacionales e internacionales validados más exigentes. Asimismo, tanto el mayor problema sanitario de este país, las listas de espera, como los costes de la cápita asistencial en la red de hospitales de titularidad pública bajo gestión privada, son considerablemente inferiores a los de gestión pública directa. Todo ello redunda en beneficio para todos, menores tiempos de espera y un ahorro significativo a las arcas públicas.
5. La gestión privada de servicios sanitarios públicos está avalada por los altos ratios de satisfacción que muestran sus usuarios. En los entornos donde existe libre elección, año tras año hay una clara inclinación de los ciudadanos hacia los centros de gestión privada; de hecho, al paciente no le importa la titularidad del centro, lo que quiere es ser atendido de forma ágil, rápida, eficaz y con los mejores resultados de salud posibles.
6. La experiencia demuestra que los actuales modelos de gestión privada de servicios sanitarios públicos funcionan y así lo acreditan los rankings internacionales en países que figuran a la cabeza de los mismos, como es el caso de Holanda, donde sus ciudadanos reflejan con sus datos y opiniones, año tras año, la satisfacción más alta alcanzada en Europa.

En conclusión, desde la Fundación IDIS queremos poner de manifiesto que hacer planteamientos radicales como los reflejados en el pacto bilateral entre PSOE y Podemos solo conduce a incrementar el gasto público, poner en peligro el sistema público de salud y a generar insatisfacción y mayores problemas que los ya existentes entre los ciudadanos en términos de salud