Madrid, 16 de mayo de 2018.- A raíz de la noticia publicada sobre la necesidad de una Enmienda al Código Penal para que se eliminen las actuales diferencias de protección a los médicos y que han defendido públicamente el abogado Ricardo de Lorenzo, socio-director en De Lorenzo Abogados, y Jesús Aguirre, senador del Partido Popular, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) desea comunicar que:

• Respalda plenamente la enmienda planteada, ya que la Ley Orgánica 1/2015, con fecha 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, con fecha 23 de noviembre, del Código Penal, refleja de manera explícita que se consideran actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, pero haciéndolo aplicable sólo a los médicos que trabajan en la sanidad pública.

• Es imprescindible una enmienda al Código Penal para que todos los médicos, en el ejercicio de sus funciones asistenciales, e independientemente del centro donde realicen su labor facultativa, sean considerados autoridad pública por el ejercicio de sus funciones.

• No contemplar a los facultativos de la sanidad privada supone un claro perjuicio para los profesionales que trabajan en ella (262.525 profesionales de manera directa -un 65% trabaja en el ámbito extrahospitalario y un 35% el ámbito hospitalario-, 57.873 de ellos médicos), los cuales realizan las mismas funciones y presentan idéntica formación y capacitación, tanto legal como colegial, para el desarrollo de su trabajo, tal y como muestra el informe Análisis de la situación: Aportando Valor 2018.

• La Fundación IDIS está de acuerdo con la iniciativa planteada por los expertos, la necesaria reforma del Código Penal, como la que se realizó hace tres años, para considerar como autoridad pública tanto al médico de la sanidad pública como al de la privada, que en muchos casos ejercen en ambos ámbitos. Según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médico Colegial (OMC) del año 2017, ha habido 515 casos de agresiones a médicos de nuestro país, lo que supone un aumento del 4% con respecto al año anterior.

• Una de las prioridades de las autoridades sanitarias debe ser conseguir la máxima seguridad para todos los profesionales, sin importar el tipo de organismo, público o privado, en el que trabajen.

• Espera que las autoridades sanitarias sean sensibles a esta petición de tal forma que reconozcan la aportación de la sanidad privada y sus profesionales, cuya actividad es, hoy por hoy, fundamental para la sostenibilidad del sistema sanitario tal y como lo conocemos.