En este contexto, desea señalar que:

• En España, según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) 1,73 millones de personas son beneficiarias de este Régimen Especial de la Seguridad Social que otorga cobertura sanitaria similar a la del Régimen General, pudiendo decidir si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una entidad aseguradora con el mismo nivel de prestaciones, lo que ocurre en cerca del 80% de los casos. 
• El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, produce ahorros al sistema público. A modo de ejemplo, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración. Pero, además, es fuente de empleo cualificado y estable y, en el ámbito asistencial, mejora ostensiblemente la accesibilidad al sistema sanitario.
• Sin embargo, el modelo de mutualismo parte de una insuficiencia económica que se ha ido agudizando en los últimos años. De hecho, en asistencia sanitaria para el mutualismo administrativo en 2022, al igual que en 2021, las prestaciones pagadas (1.747) superan a las primas imputadas (1.733), alcanzando así un nivel de siniestralidad del 100,8% (En 2022, la siniestralidad del mutualismo administrativo superó la de asistencia sanitaria en 28,9 puntos porcentuales)
• Junto a estos aspectos, hay otros que generan costes adicionales para los próximos años y que debían ser tenidos en cuenta, como la escasez de profesionales sanitarios, la introducción de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas que encarecen los procesos o la innovación en farmacología, especialmente relevante en el ámbito de la oncología pero también en otras patologías, con mayor coste y también con más utilización al aumentar las enfermedades crónicas (un factor a considerar per se) y ampliarse las indicaciones.
• Asimismo, el informe “Impacto del cambio de modelo de las mutualidades” realizado por la Fundación IDIS, en el que se analiza la evolución de las mutualidades, aportaciones y repercusión de un hipotético cambio en el mismo, señala que el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales, es decir, entre 720 y 800 millones de euros más), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,73 millones de asegurados mutualistas.
• El cese o reducción de la actividad de las compañías aseguradores y los grupos hospitalarios privados generaría entre 30 y 33 millones de euros menos de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades. Asimismo, en el ámbito social, el impacto fundamental sería el cierre de una treintena de centros privados -lo que compromete la accesibilidad- y la pérdida de entre 35.000 y 39.000 empleos y el incremento de las listas de espera de consultas externas (entre 34 y 37 días más) y de espera quirúrgica (entre 28 y 30 días más), aumentando en un 15% el índice de ocupación de camas públicas, tal como estima dicho análisis.

En este sentido, la Fundación IDIS considera imprescindible una revisión en profundidad de las bondades del modelo de mutualismo administrativo, en beneficio de su sostenibilidad y del propio sistema sanitario de forma global.