Asimismo, desea señalar:  

• Que las dificultades de acceso al Sistema Nacional de Salud, como consecuencia del colapso derivado de la lista de espera, hacen imposible poder considerar que se valorara como una realidad plausible la supresión de un modelo que en el momento actual atiende a 1,7 millones de ciudadanos y que, de producirse, deberían acudir a la Sanidad pública agravando con mucho esos problemas de acceso.

• Que el mutualismo administrativo es un mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado -a través de MUFACE, MUGEJU e ISFAS- que genera ahorros al sistema público. A modo de ejemplo, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), es decir, que el gasto generado por un mutualista sería un 39% inferior. Esto supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración. 

• Que, sin embargo, es imprescindible reevaluar la financiación del modelo, puesto que parte de una insuficiencia económica que se ha ido agudizando en los últimos años, con más prestaciones pagadas que primas imputadas y una siniestralidad que supera claramente el 100%. De no ser reconsiderada, ni aseguradoras ni centros hospitalarios podrían soportar los costes del modelo, que acabará muriendo por inanición.  

En conclusión, la Fundación IDIS valora positivamente el hecho de que desde el Ministerio se acepte la aportación de la colaboración público-privada como fórmula para el mantenimiento de nuestro modelo sanitario y quiere poner de relieve la importancia de que se priorice el bienestar y la salud de la población.