Asimismo, desea realizar las siguientes puntualizaciones:

• El RD 1093/2010, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud que el Gobierno ha propuesto modificar, no adapta el ordenamiento español a la Directiva europea 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

• El Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza aclara, en su introducción, que la Directiva 2011/24/UE es aplicable a todos los proveedores de asistencia sanitaria, ya sean públicos o privados.

• El Gobierno pretende hacer una reforma sin tener en cuenta al sector sanitario privado, lo cual va en contra del espíritu y de la directiva europea.

• España es el único país europeo en el que existe una estigmatización del sector sanitario privado, al cual, una vez más, no se le tiene en cuenta. En el resto de países la asistencia privada está integrada sin ningún tipo de discriminación de los pacientes-usuarios que, como se ha señalado, en España son cerca de 10 millones que contratan voluntariamente un seguro privado de salud.

• La interoperabilidad del sistema sanitario nunca será real si en su desarrollo no se integran todos los datos, públicos y privados. Por eso, más allá del establecimiento de acuerdos de colaboración que permitan la sostenibilidad del sistema público y que faciliten la accesibilidad a la sanidad, es fundamental normalizar el hecho de que la sanidad de titularidad privada es parte del sistema sanitario, tal como la utilizan de forma efectiva los españoles.

• La continuidad asistencial, que es clave para la mejora de la atención sanitaria y el aprovechamiento de los recursos disponibles, no es posible sin ese intercambio de información que permiten los sistemas interoperables que contemplan a todos los operadores en su estrategia. Es importante destacar en este punto algunos de los datos de actividad del sector privado, cuyos centros sanitarios realizan 4 de cada 10 intervenciones quirúrgicas, 3 de cada 10 urgencias y 3 de cada 10 altas.

• Si los españoles consideran a la sanidad privada integrada en el sistema sanitario y apuestan por el aumento de la financiación, por la equidad de acceso, por la interoperabilidad, entre otros aspectos, tal como atestigua la reciente encuesta de la Fundación IDIS, dejar fuera al sector sanitario privado en aspectos de interés crucial para la asistencia sanitaria de los ciudadanos solo puede responder al objetivo de la estigmatización de un sector que es clave para la viabilidad de nuestro sistema de salud. Esta actitud, aunque tenga una finalidad de satisfacer a las ideologías más extremistas, va en contra de lo que opina la inmensa mayoría de la población tal y como ha demostrado dicho informe, según el cual el 95% de los españoles considera necesaria la coordinación y la continuidad asistencial.

Por todo ello, la Fundación IDIS solicita al Gobierno que abandone este tipo de actitudes o prácticas discriminatorias frente al sector privado, con las que buscan limitar su valor, por una simple cuestión de satisfacción ideológica. La población, además de estar a favor de una integración entre sistemas, acusa ya cierto cansancio por el ataque sistémico a un sector, que hoy es propietario del 40% de los recursos en sanidad y es motor de innovación, calidad y empleo.