Madrid, 01 de junio de 2016.- Tras conocerse a través de los medios de comunicación que la Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso para adaptar las prácticas universitarias de titulaciones de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología Clínica, Biotecnología y Farmacia) lo que aparentemente implicará, entre otras medidas, que los alumnos que cursen estas titulaciones en universidades privadas a partir del curso 2016-2017 no podrán hacer a las prácticas en hospitales de la red pública, amparándose en el contenido del Real Decreto 420/2015 de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, la Fundación “Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)” desea manifestar que:

1. La sanidad, al igual que la educación, son derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución que nos competen a todos. En un Estado de derecho como el nuestro es reconocida no solo la coexistencia de la iniciativa pública y privada en el ámbito de la salud, sino la colaboración entre los dos sectores a través de la Ley General de Sanidad (LGS) con el objetivo de aportar el máximo valor añadido a nuestra sociedad.

2. La complementariedad, que asienta y establece dicha Ley General de Sanidad (LGS), apunta directamente al aprovechamiento eficiente de todos los recursos disponibles en el sistema sanitario público y privado en beneficio del paciente y la sociedad en su conjunto. Dicha complementariedad es también un elemento fundamental a la hora de establecer los planes de formación del propio profesional sanitario.

3. La educación y la sanidad son partidas muy relevantes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en los de de cada Comunidad Autónoma, dotados a través de los impuestos de todos los españoles sin excepción, independientemente del lugar y centro de trabajo donde cada ciudadano ejerza su labor profesional, bien sea en el sector público o en el sector privado; es decir, quien voluntariamente decide acudir a una universidad privada está sufragando a su vez la formación universitaria de titularidad pública.

4. La formación del personal facultativo, tanto en su periodo de grado como en el postgrado y de especialización, debe suponer la mayor garantía de cualificación profesional, calidad, seguridad y motivación personal para toda nuestra sociedad; de ello depende el grado de excelencia y competitividad de todo nuestro sistema sanitario. Las administraciones, que lo son tanto de la iniciativa pública como de la privada, deben tener este objetivo como fundamental, sin apriorismos, y por lo tanto deben hacer todo lo que esté al alcance de su mano para garantizar el mayor nivel de calidad educativa y formativa para todos y en todos sus tramos.

5. El debate constructivo nunca debería centrarse en la ubicación o la titularidad de la formación, sino en la calidad de la misma; formar a los mejores profesionales sanitarios en los mejores centros, públicos o privados, debería ser el foco y el empeño y no centrar el debate en un mar de diatribas que a nada conducen salvo a perder competitividad y liderazgo en esta materia tan relevante: nuestra sanidad en el futuro.

6. Debates y medidas que traten de separar, estigmatizar y generar fronteras a la iniciativa privada en áreas como la educación o la sanidad son una excepción en todo nuestro contexto económico, geográfico y social. La evolución de una sociedad se mide, muy especialmente, por la calidad de su educación y por los niveles de salud y bienestar alcanzados; tratar de poner barreras, especialmente políticas, en este ámbito no es precisamente la mejor forma de afrontar el futuro con garantías de éxito.

7. En todos los países desarrollados la universidad pública o privada -en multitud de prestigiosos casos- tiene como uno de sus objetivos más relevantes formar acorde con las necesidades reales de nuestra sociedad, capacitando y preparando al alumno para afrontar los retos de su vida profesional, independientemente de la titularidad dónde desarrolle su función en el futuro, y para eso puede y debe contar con todos los medios disponibles a su alcance.

Por todo ello desde la Fundación IDIS solicitamos que se elimine de una vez por todas la dicotomía sanidad pública–sanidad privada para trasladar a la sociedad la complementariedad y sinergia necesarias como valores fundamentales en todos los ámbitos: en el formativo y docente, en el investigador, en el asistencial o en el preventivo.

Solo sumando esfuerzos y no restando capacidades es como seremos capaces de situarnos de nuevo entre los países donde su sanidad es más valorada por sus pacientes, preocupándonos por la calidad y capacitación de nuestros profesionales, la adecuación de los planes formativos en base a la evolución y necesidades detectadas en nuestra sociedad, los resultados de salud obtenidos y la calidad alcanzada por nuestros centros y servicios.