En este sentido, desea hacer las siguientes puntualizaciones:

• La reconstrucción del sistema sanitario pasa por una necesaria confluencia de esfuerzos y el sector sanitario privado, del que forman parte 8,7 millones de asegurados (sin incluir los mutualistas), contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público global, lo que implica un ahorro de al menos 564 euros por asegurado/año, que suponen un ahorro mínimo de 4.949 millones de euros para el sistema público. Solo esta colaboración para el sistema obliga a tener en cuenta a un sector que lleva cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% de las altas y atiende el 24,5% de las urgencias en nuestro país.

• El mutualismo administrativo favorece el equilibrio entre el sistema público y el privado, al tiempo que facilita la asistencia sanitaria de la población. De hecho, en 2019 el régimen de mutualismo administrativo ascendió a aproximadamente 1,8 millones de personas. Esta opción es, hoy por hoy, elegida de forma libre por el 84% de los funcionarios y, en términos económicos, es un modelo que aporta eficiencia, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita: se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2019 en 864 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.291 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 427 euros por cada mutualista.

• Medidas como la desgravación fiscal sanitaria descargan de presión asistencial y financiera al sistema público de salud. La contratación voluntaria de un seguro privado de salud genera ahorros evidentes al Estado, como se ha indicado, facilita la accesibilidad de la población al sistema y favorece notablemente el empleo y las inversiones.

• La sanidad privada es un sector clave, impulsor de nuestra economía (contribuye con el 2,6% del PIB), es motor de innovación (los centros privados participan en 1.431 ensayos clínicos, lo que supone el 43,32% de los contenidos en el informe BEST) y empleo estable de calidad (cuenta con 269.515 profesionales cualificados) y su compromiso con España es patente: el sector cuenta con 458 hospitales (57% del total de centros hospitalarios de nuestro país) y una dotación de 51.212 camas, que suponen el 32% del total de las existentes. Gracias a ello registra el 23,5% de los ingresos, el 19,7% de las consultas y el 17,5% de las estancias.

• En relación con las medidas sobre el gasto en medicamentos, planteadas por el documento, es imprescindible poner sobre la mesa la ingente aportación de la industria farmacéutica para potenciar el tejido industrial y la inversión en investigación desarrollo e innovación (España es tras Estados Unidos el país donde más ensayos clínicos se realizan) y su aportación va más allá de lo estrictamente sanitario ya que genera un gran impacto también en el ámbito económico y social que es necesario tener muy en cuenta.

En conclusión, la Fundación IDIS quiere hacer un llamamiento al Ministerio de Sanidad sobre este plan de acción y a la mesa del Congreso de los Diputados -ante el análisis del documento realizado en base a las aportaciones planteadas por los expertos del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública- para que la reconstrucción del sistema tenga en cuenta a todos los agentes implicados, considere el papel del sector privado -que viene mostrándose durante décadas y ha quedado aún más patente durante la crisis de la COVID-19, y evite acabar con fórmulas y modelos que generan eficiencia contrastada para el sistema y satisfacción para los usuarios.