Un reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales expone que de los casi 1,2 millones de dependientes españoles, un 37% no recibe ningún tipo de prestación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). El mismo informe denuncia, entre otras cosas, que casi 450.000 personas se encuentran en lista de espera tras la entrada en vigor el 1 de julio del reconocimiento del derecho a la atención, además de los dependientes graves que ya estaban reconocidos con anterioridad, los dependientes moderados y, lo que en mi opinión es más cuestionable, las terribles diferencias que existen en los servicios prestados en función de la Comunidad Autónoma en la que vivan los beneficiarios de la prestación.Ya no se sabe cuándo podrá entrar en vigor la obligación para el Estado de reconocer el derecho a todos los dependientes, que iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2016 y tampoco se conoce si el grado de ayudas que reciben los grandes dependientes y los dependientes moderados, que ya no están en la lista de espera, es suficiente para vivir de una manera, definámosla, como suficiente. En el otro lado de la balanza de los derechos sociales en nuestro país, el derecho a la salud goza de un extraordinario reconocimiento y se mantiene, a mayor gloria de los hitos de nuestra sociedad, en su teórica universalidad, gratuidad y equidad hasta sus últimas consecuencias. Desde la cobertura de las patologías más leves e innecesarias desde el punto de vista sanitario, hasta el alcance de esa misma cobertura que, no contentos con llegar a toda la población residente, nos planteamos que llegue a todos los inmigrantes que recalen en nuestro país con independencia de si su estancia es legal o no. [...]