Es conocido el hecho de que nuestro sistema sanitario necesita medidas que permitan garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo para que pueda dar a la población la mayor cobertura sanitaria posible en condiciones de equidad. Estas medidas van mucho más allá de recortes puntuales y requieren probablemente de cambios de fondo que impliquen la modificación de prioridades en las coberturas, la eliminación de prejuicios para poner a disposición del sistema los recursos públicos y privados, y, por supuesto, la renuncia a los localismos en favor de una planificación nacional, coordinada y dirigida desde el gobierno central, que asegure el máximo aprovechamiento de todos los recursos y su utilización en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.Las medidas descritas obedecen al sentido común y a la lógica y, así, son entendibles  por todo el mundo. Ahora bien, existen otras medidas de fondo cuyo entendimiento es mucho menos accesible al público en general, pero cuyas consecuencias son tan desastrosas para la sostenibilidad del sistema como cualquiera de las anteriores. Sin duda, una de ellas es la falta de un baremo específico para la valoración de los daños derivados de la actividad sanitaria. Es más: me atrevería a decir que el hecho de conducir los siniestros derivados de la responsabilidad profesional sanitaria por los cauces ordinarios de la Justicia, cuando, en buena lógica, de estos siniestros solo pueden concluirse lesiones para el paciente o la muerte, es una de las mayores dificultades con las que nos encontramos para poder controlar y prever el gasto sanitario. [...]