La Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas es una normativa anacrónica y que, como tantas otras, se aplica de forma desigual entre autonomías, creando agravios comparativos entre profesionales. Es la opinión de la Organización Médica Colegial (OMC), CESM y las entidades que representan a la sanidad privada.