Madrid, 05 de enero de 2018.- El tiempo de espera media para ser atendido en los servicios de urgencia de los hospitales de titularidad privada es inferior a media hora, según concluye el estudio de resultados de salud RESA 2017, publicado por el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) en el apartado dedicado a “accesibilidad en la atención sanitaria”. El citado estudio analiza los datos correspondientes a 4.162.113 urgencias atendidas en los 284 centros sanitarios privados participantes, pertenecientes a todas las comunidades autónomas.

El mantenimiento de estos tiempos por debajo de los 30 minutos a lo largo de todas las ediciones del estudio (seis en total) constituye una muestra especialmente importante por la ingente tarea de adaptación que han tenido que abordar los centros de provisión privada a la creciente demanda asistencial, la cual se ha venido incrementando en estos años motivada por la deriva sociodemográfica de nuestro país, el incremento de la esperanza de vida y la cronicidad asociada a estos factores y, a diferencia de la atención programada en consulta, hay que tener en cuenta la difícil previsibilidad de la asistencia en los servicios de urgencia. La temporalidad influye notablemente en un servicio que funciona con grandes picos de sobrecarga de actividad según las diferentes épocas del año, días de la semana u horario durante el día.

Este tiempo, que es comparable a los estándares internacionales más exigentes, se diferencia en dos tramos: la valoración del paciente en el momento de llegar a urgencias y clasificación del mismo en función de la prioridad/gravedad del caso para su atención (fase denominada triaje) que supone una media de 9 minutos y 44 segundos y el tiempo transcurrido entre el triaje y la atención médica efectiva por el facultativo indicado, que es de 19 minutos y 53 segundos de media.

Estos datos contrastan con la situación que se vive en los servicios de urgencias de la red sanitaria pública, especialmente en fechas como las actuales en las que nos encontramos inmersos en plena campaña de gripe, momento en el que los casos se disparan alcanzando niveles calificados de epidemia en algunas comunidades autónomas. Estas situaciones, que generan tanta preocupación e incertidumbre entre la población, requieren de la aplicación no solo de recursos estructurales y humanos suficientes sino, además, de la puesta a disposición y coordinación de todos los recursos que posee nuestro sistema independientemente de su titularidad. Nuevamente, la cooperación público-privada se hace fundamental, siempre en beneficio del paciente, del ciudadano y de la sociedad en su conjunto. La enfermedad no entiende ni de esperas ni de titularidades; la enfermedad lo que precisa son soluciones ágiles, prontas, eficaces, seguras y de calidad, independientemente del entorno asistencial, público o privado, del que provengan.

El 26 de enero de 2015 fue publicado el informe “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”. Este documento lo elaboraron de manera conjunta el Defensor del Pueblo y todos los comisionados autonómicos, quienes examinaron de forma conjunta la aplicación práctica de los derechos y garantías de los pacientes en los servicios de urgencia hospitalaria. El informe analiza los problemas comunes del conjunto de los servicios de urgencias, siendo elaborado con la participación de los profesionales involucrados, de gestores y directores sanitarios y de asociaciones y organizaciones de pacientes. En dicho informe* en el epígrafe “La calidad como exigencia y garantía de servicio” se explicita taxativamente que los programas de calidad son una exigencia legal garantista de los servicios de urgencia y requieren de una actualización constante de los protocolos y de un seguimiento continuado realizado por profesionales. Por otro lado, afirma que “La acreditación de los servicios de urgencias, de acuerdo con los estándares e indicadores de calidad consensuados por los expertos, debería generalizarse e incentivarse por las administraciones, incorporando en el proceso la opinión de los pacientes”.

En relación al estudio RESA y a todos los aspectos relativos a la accesibilidad al sistema sanitario privado y en concreto a los servicios de urgencias, Manuel Vilches, Director General de la Fundación IDIS afirma que, “nuestra mayor satisfacción respecto al Estudio RESA es constatar cómo los centros están trabajando de forma permanente en la mejora de la accesibilidad, eficiencia, calidad y seguridad del paciente, con la implantación de políticas que, sin ninguna duda, se identifican con los resultados obtenidos. En este sentido, se tienen en cuenta no solo los tiempos, algo fundamental en una atención de urgencia, sino la conformación del propio espacio asistencial, con circuitos que optimizan los procesos, y la concurrencia de los medios humanos y tecnológicos necesarios”.

“Por su parte, los resultados en salud que reflejan los datos del Estudio RESA 2017 nos ayudan a reiterar las bondades del sistema asistencial de titularidad privada y nos sitúan en unos niveles técnicos y organizativos comparables a las mejores redes de provisión nacionales e internacionales, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo que desarrolla el sector privado en beneficio del paciente y de la sociedad”, concluye.

Respecto a la actual situación de saturación de los servicios de urgencias de los hospitales de titularidad pública, Manuel Vilches, insiste en que “la calidad y la eficiencia no son nuevas para la sanidad privada e impregnan el funcionamiento de los servicios de urgencias de sus hospitales”. “La cooperación público-privada también en esta materia tan determinante de nuevo se hace urgente y fundamental: lo primero es dar el servicio al paciente sin demora y de la mejor manera posible”, añade.